Abogado de responsabilidad
de administradores en Barcelona
Barcelona · Desde 1951
Responsabilidad de administradores
Somos abogados en Barcelona para socios, sociedades y acreedores que quieren reclamar al administrador el daño que ha causado: acción social de responsabilidad, acción individual y responsabilidad por las deudas de la empresa.
Área Legal · Responsabilidad de administradores
Responsabilidad de administradores
Un administrador que vacía la caja, contrata con sus propias empresas, deja de presentar las cuentas o sigue endeudando a una sociedad que ya debería haberse disuelto no actúa impunemente. La Ley de Sociedades de Capital (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010) permite exigirle que responda con sus bienes. Lo difícil es elegir bien la acción, probar el daño y no dejar pasar el plazo de prescripción.
En Oller Senar llevamos desde 1951 dando asesoramiento a empresas, empresarios y familias en Barcelona. Nuestro equipo de litigación mercantil tiene experiencia en preparar y defender ante los juzgados de lo mercantil las acciones de responsabilidad, tanto para la sociedad y sus socios como para los acreedores que no cobran. Cada situación tiene una solución distinta y las personas que nos consultan necesitan saber, desde el primer punto, qué pueden recuperar. Por eso la estrategia se decide después de un análisis en profundidad de los documentos.
Acción social de responsabilidad
La acción social de responsabilidad (artículos 238 a 240 LSC) sirve para que el administrador repare el daño causado al patrimonio de la propia sociedad. Según el artículo 236, quien administra responde frente a la sociedad, los socios y los acreedores del daño causado por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por incumplir los deberes del cargo, siempre que haya dolo o culpa. Si la actuación es contraria a la normativa o a los estatutos, la culpa se presume salvo prueba en contrario. La protección alcanza también los casos de omisión, como no formular las cuentas o no actuar ante unas pérdidas graves.
Como regla, la decisión corresponde a la junta general, por mayoría ordinaria, y cualquier socio puede pedir que se vote aunque no figure en el orden del día. El acuerdo tiene un efecto inmediato: el cese de los administradores afectados. La aprobación de las cuentas anuales no impide el ejercicio de la acción después, y la sociedad solo puede transigir o renunciar si no se oponen socios con el 5 % del capital. Lo que se recupera va a la sociedad, no a quien promueve la demanda. Preparamos la junta, el acuerdo y la demanda, y comprobamos antes si el demandado tiene bienes con los que pagar una eventual condena.
- Requisitos de la acción: conducta contraria a la ley, a los estatutos o a los deberes del cargo
- Daño real al patrimonio de la sociedad
- Relación de causalidad entre la actuación y el daño
- Dolo o culpa
- Acuerdo de la junta o legitimación de la minoría
Acción individual de responsabilidad
La acción individual de responsabilidad (artículo 241 LSC) protege a los socios y a los terceros, como proveedores, clientes o trabajadores, cuando la conducta del administrador lesiona directamente su patrimonio y no solo el de la sociedad. Es la vía del acreedor al que el administrador engañó para obtener un crédito o un suministro sabiendo que la empresa no podría pagar, o al que dejó sin cobrar al vaciar la sociedad y trasladar su actividad, sus activos y su clientela a otra compañía. Para nuestros clientes acreedores es, muchas veces, la única vía real de recuperación.
En esta demanda, el demandante tiene que probar la conducta, el daño directo que ha sufrido y la relación entre una y otro. La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que el daño no sea un simple impago de la sociedad, sino la consecuencia de un comportamiento que se pueda reprochar de forma concreta a quien la dirigía. Por eso la prueba documental y contable decide la sentencia, y la decisión de demandar depende de su contenido: correos, contratos, cuentas, movimientos bancarios y la secuencia de decisiones y operaciones.
- Vaciamiento patrimonial de la sociedad
- Cierre de hecho sin disolución ni liquidación ordenada
- Contratación sabiendo que la empresa no podía pagar
- Desvío de clientes o de activos a otra sociedad
- Información falsa a socios o acreedores
Cómo reclamamos al administrador: proceso y prescripción
Una acción de responsabilidad bien planteada empieza mucho antes de la demanda. Un abogado responsable lleva el caso de principio a fin, con atención directa y con nuestras áreas fiscal y contable cuando hay que reconstruir la contabilidad de la sociedad. Así se cubre todo el ámbito del asunto: mercantil, contable y fiscal. Nuestros clientes saben en cada fase del proceso qué se ha hecho y qué posibilidades reales tiene el asunto.
Estudio de la documentación societaria, contable y registral
Elección de la acción: social, individual o por deudas
Requerimiento al administrador y negociación
Demanda y medidas cautelares ante el juzgado de lo mercantil
Ejecución de la sentencia sobre los bienes del administrador
La prescripción de la acción social y de la acción individual es de cuatro años desde el día en que pudieron ejercitarse (artículo 241 bis LSC). Cuanto antes se revise la situación, más fácil es reunir la prueba, asegurar bienes con medidas cautelares y llegar a la audiencia previa con el caso preparado. Si hay recurso contra la sentencia, seguimos con el asunto en la Audiencia Provincial.
Socios y acreedores: quién puede ejercitar la acción
Si la mayoría protege al gestor, la ley no deja sin salida a la minoría, igual que en otros conflictos entre socios. Los socios con una participación de al menos el 5 % del capital pueden presentar una solicitud de convocatoria de la junta para decidir la acción. Si el órgano de administración no la convoca, si la junta la rechaza o si la sociedad no presenta la demanda en el plazo de un mes desde el acuerdo, pueden ejercitarla ellos en defensa del interés social. Cuando hay una infracción del deber de lealtad, pueden demandar directamente, sin pasar por la junta.
Los acreedores también pueden ejercitar la acción social cuando ni la sociedad ni los socios lo han hecho y el patrimonio social es insuficiente para pagar sus créditos. Para el acreedor que no cobra suele tener más sentido la acción individual o la responsabilidad por deudas, porque lo que obtiene va directamente a su favor. Te ayudamos a elegir con criterio la vía que mejor protege tu posición.
La sociedad, por acuerdo de la junta general
Los socios con el 5 % del capital, de forma subsidiaria
Cualquier socio con ese porcentaje, directamente, si se infringe el deber de lealtad
Los acreedores, si el patrimonio social no alcanza para pagar
Responsabilidad del administrador por deudas de la sociedad
El artículo 367 LSC hace responder al administrador, de forma solidaria con la sociedad, de las obligaciones sociales posteriores a la causa legal de disolución cuando no convoca la junta en el plazo de dos meses para acordarla o no pide la disolución judicial o el concurso de acreedores. Es la causa más habitual de derivación de responsabilidad: la compañía acumula pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social y quien la dirige sigue operando como si nada, sin disolución ni liquidación.
Aquí no hace falta probar el daño ni la culpa: basta acreditar la causa de disolución, el incumplimiento y que la deuda es posterior. La ley presume que las obligaciones reclamadas son posteriores salvo prueba en contrario. Hacemos un análisis de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y del informe de gestión para fijar cuándo nació la causa de disolución, y preparamos la reclamación contra el administrador junto con la que se dirige contra la sociedad. Cuando procede, pedimos también la declaración de responsabilidad de varios miembros del órgano. Si la sentencia es favorable, la liquidación de la deuda se ejecuta sobre los bienes de la sociedad y de quien la administraba.
- Revisión de las cuentas anuales depositadas
- Fecha en que se produce la causa de disolución
- Fecha de nacimiento de la deuda reclamada
- Requerimiento de pago
- Demanda contra la sociedad y su administrador
- Ejecución sobre los bienes personales
Deberes de diligencia y lealtad del administrador
La base de casi todas las acciones de responsabilidad es el incumplimiento de los deberes del cargo. El deber de diligencia obliga a administrar como un ordenado empresario, informándose y dedicando al desempeño del cargo el tiempo que la empresa necesita. En las decisiones estratégicas y de negocio, la ley protege a quien actúa de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con un procedimiento adecuado. Esa es también la línea de defensa habitual del demandado: demostrar diligencia y cumplimiento normativo.
El deber de lealtad es más estricto: hay que actuar como un representante leal en el mejor interés de la sociedad. No se pueden aprovechar oportunidades de negocio de la empresa, hacerle competencia, usar sus activos o su información en beneficio propio ni contratar con entidades vinculadas sin cumplir las reglas sobre conflictos de interés. Estos deberes son de carácter imperativo y su aplicación no puede excluirse en los estatutos. La infracción del deber de lealtad obliga a indemnizar el daño y a devolver el enriquecimiento injusto, y permite la impugnación de los actos y contratos celebrados con esa infracción.
- Operaciones con entidades del mismo grupo o vinculadas
- Uso de bienes o información de la sociedad
- Retribuciones no aprobadas por la junta
- Competencia con la propia empresa
- Falta de formulación o depósito de cuentas
- Decisiones sin información ni procedimiento
Administrador de hecho y concurso de acreedores
La responsabilidad no se limita a quien figura en el Registro Mercantil. La ley la extiende al administrador de hecho: quien, sin nombramiento válido o con un cargo ya caducado, ejerce en la práctica las funciones de administración, o aquel bajo cuyas instrucciones actúan los administradores formales. Es frecuente en empresas familiares y cuando se pone a un testaferro al frente. Probar quién mandaba de verdad (firma de contratos, trato con bancos y proveedores, órdenes al personal) es una parte esencial de nuestro trabajo.
Si la sociedad entra en concurso de acreedores, las reglas cambian: hay acciones que pasan a la administración concursal y reclamaciones por deudas que quedan en suspenso mientras dura el procedimiento. En la sección de calificación se decide si el concurso es culpable y si los responsables deben cubrir el déficit, con la liquidación de los activos como telón de fondo. Cada decisión del juez en esa fase tiene consecuencias para el resto de reclamaciones. Lo coordinamos con nuestro equipo de concurso de acreedores, y con el área de derecho fiscal cuando el impacto de los impuestos pendientes pesa en el caso.
- Administrador de hecho y administrador oculto
- Testaferros y administradores formales
- Calificación culpable del concurso
- Cobertura del déficit concursal
¿Cómo podemos ayudarte?
Cuéntanos qué necesitas. Te atiende directamente el profesional del área que lleva tu asunto, ya sea tu comunidad, tu empresa o un tema legal.
Llámanos · Gran Via de les Corts Catalanes, 617 · Barcelona
Preguntas frecuentes sobre la responsabilidad de los administradores
Es la demanda que se dirige contra el administrador para que indemnice el daño que ha causado al patrimonio de la sociedad por actuar contra la ley o los estatutos o incumplir los deberes de su cargo. La decide la junta general y, si no lo hace, pueden ejercitarla los socios con el 5 % del capital o, en último término, los acreedores. La indemnización ingresa en la sociedad.
La acción social repara el daño sufrido por la sociedad y lo recuperado va a su patrimonio. La acción individual repara el daño directo que el administrador ha causado a un socio o a un tercero, como un proveedor o un acreedor, y lo obtenido va a quien demanda. En la práctica, a los acreedores y a los clientes perjudicados les suele convenir más la acción individual o la del artículo 367 LSC.
No por el simple hecho de ser administrador. Responde cuando concurre alguno de los supuestos de la ley: daño causado por actos ilícitos o negligentes, o deudas nacidas después de una causa de disolución que no promovió a tiempo (artículo 367 LSC). En esos casos responde con sus bienes personales y su propiedad, de forma solidaria con la sociedad.
La acción social y la acción individual prescriben a los cuatro años desde el día en que pudieron ejercitarse (artículo 241 bis LSC). Para la responsabilidad por deudas conviene revisar el caso concreto, porque el cómputo depende de la deuda reclamada.
El acuerdo de la junta que decide promover la acción o transigir sobre ella supone el cese automático de los administradores afectados. La junta puede nombrar a otros en la misma reunión para que la sociedad siga funcionando.
Es quien dirige la sociedad sin estar nombrado válidamente, con un cargo caducado o dando instrucciones a los administradores que figuran en el Registro Mercantil. La ley le aplica el mismo régimen de responsabilidad que al administrador formal.
Responden de forma solidaria todos los que adoptaron o ejecutaron el acto dañoso. Queda exonerado quien pruebe que no intervino y desconocía el acuerdo o que, conociéndolo, hizo todo lo conveniente para evitar el daño o se opuso expresamente.
Sí. Nuestra sede principal está en Barcelona, en Gran Via, 617, y llevamos litigación mercantil ante juzgados de toda Cataluña y del resto de España. El juzgado competente suele ser el de lo mercantil del domicilio de la sociedad.
Las cuentas anuales de los últimos ejercicios, los estatutos, las actas de las juntas, los contratos o facturas de la deuda y cualquier documento que muestre la conducta del administrador. Con eso podemos decirte qué acción encaja, qué prueba falta y qué riesgos tiene el pleito.
Más servicios del área Legal
Fiscal
Planificación · Internacional · Empresa familiar.
→
Mercantil
Societario · Contractual · Fusiones y adquisiciones.
→
Conflictos societarios
Impugnación de acuerdos, socio minoritario y separación.
→
Responsabilidad de administradores
Acción social, acción individual y deudas sociales.
Estás aquí
Litigación y arbitraje
Civil y mercantil.
→
Responsabilidad civil
Daños contractuales y extracontractuales.
→
Inmobiliario
Compraventa de inmuebles y su fiscalidad.
→
Fiscalidad inmobiliaria
Impuestos de la compraventa, del alquiler y de la herencia.
→
Comunidad de propietarios
Juntas, morosos, obras y derramas.
→
Construcción
Defectos de obra, LOE e impagos de obra.
→
Arrendamientos
Contratos de alquiler, renta antigua, locales y rentas.
→
Desahucios
Impago, precario y fin del contrato.
→
Concurso de acreedores
Preconcurso, reestructuración y defensa del administrador.
→
Compraventa de sociedades
Sociedades preconstituidas y venta de participaciones.
→
Traspaso de negocio
El contrato de traspaso del local y del negocio.
→
Reestructuraciones societarias
Fusiones, escisiones, holding y neutralidad fiscal.
→
Bancario
Cláusulas abusivas, hipotecas y productos financieros.
→
Herencias
Aceptación, reparto, legítima y testamentos.
→
Impugnación de testamentos
Nulidad del testamento, legítima y desheredación.
→
Planificación sucesoria
Testamento, pacto sucesorio, donaciones y empresa familiar.
→
Asesoría contable · Empresarial
Contabilidad · Cuentas anuales · Análisis financiero.
→
¿Quieres reclamar al administrador de una sociedad?
Explícanos qué ha pasado. Un abogado de nuestro equipo de derecho mercantil revisará la documentación y te dirá qué acción encaja, qué hay que probar y en qué plazo. Atendemos en nuestra sede principal de Gran Via, 617, en Barcelona, o en el 933 198 649.
Planta Principal · 08007 Barcelona
(+34) 933 198 649
Artículos relacionados
Traspasar un negocio parece sencillo: uno deja el local, otro entra y se queda con la clientela. En la práctica, el contrato…
Si vas a vender o comprar una vivienda en Cataluña, el precio de la escritura no es el único número que cuenta.…
Anticiparse marca la diferencia. Una empresa que adapta su estrategia fiscal a tiempo puede evitar complicaciones y beneficiarse de incentivos. Un emprendedor…
